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Jueves 17 de agosto de 2017

La impostergable necesidad de amplificar la política de género

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El reciente deceso de Anahí Benítez ha instalado sobre la superficie la necesidad de amplificar la política de género. La incorporación del femicidio a nuestro Código Penal como la manifestación más radicalizada de la violencia sexista resulta insuficiente para paliar el incremento de la tasa de mujeres que mueren a manos de los hombres.

La violencia y la inferioridad de la mujer colisionan con la democracia. Esta se ha originado, como dice la profesora Sbdar, en los rasgos patriarcales que aún perviven y que remiten a una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres en la cual los varones dominan en aspectos sociales como la participación mayoritaria en el espacio público o la atribución de mayor estatus a sus ocupaciones.

Las mujeres se amoldaron a ese esquema. Esta conformidad femenina no hacía más que soterrar el debate de los verdaderos derechos de la mujer para consagrar su opacidad con razonamientos verticales o monolíticos tan nocivos para el progreso de aquellos.

La historia del reconocimiento de los derechos de la mujer, que lejos está de alcanzar su pináculo, aun cuando se registre un avance importante mediante la sanción de convenciones y leyes específicas, es una historia de pasiones. La retícula de la inequitativa subordinación de la mujer, en definitiva, encierra discusiones, sentimientos, entusiasmos, sensaciones y opiniones convergentes o encontradas. Si exhumamos cualquier anhelo legislativo laudatorio de los derechos de la mujer, haya encontrado solución legislativa o no, tributaria de un tiempo y de un espacio, calamos en sus honduras, sin detenernos en la esencia de la forma conocida, podemos inferir que ella estuvo embarazada de discusiones que germinaron en su derredor y que se apagaron como volcanes.

El cuerpo, el género y el sexo, como objeto cultural, encierran discusiones circulares; los movimientos más reivindicativos de los derechos sociales (la Revolución francesa como uno de sus estandartes más encumbrado bajo el lema “igualdad, libertad y fraternidad”) sólo se enfocó en las reivindicaciones varoniles. No está demás recordar el ascenso de Olympe de Gouges al caldazo, su inmediata guillotina el 3 de noviembre de 1793, bajo el régimen de terror francés de Maximilien de Robespierre, por defender la igualdad entre el hombre y la mujer.

El orden físico, la preeminencia fisiológica del hombre impusieron un orden social que excluyó a las mujeres de las tareas más nobles, las condujo hacia las inferiores, les atribuyó tareas mezquinas o se aprovechó de las que realizan en función de su condición biológica.

Es cierto que ha habido una cooperación femenina implícita o explícita en este proceso; los dominados aplican a las relaciones de dominación una categoría construida que hace aparecer a esta relación de mando y obediencia como natural. La lógica de la dominación masculina y de la sumisión femenina, como dice Pierre Bourdieu, responde a esquema de impetuosidad y de espontaneidad. Se verifica en el orden social que se ejerce sobre las mujeres. La fuerza simbólica es una fuerza de poder que el patriarcado ejerce directamente sobre el cuerpo.

Se ha instalado modernamente un significante: el “empoderamiento” femenino, que cabalga sobre territorios comunes con la idea de dar poder a lo que en el discurso común se consideró como sexo débil. Es innegable que la mujer ha logrado derechos que antes solamente estaban reservados a los hombres, maguer de lo cual, como indica Geiser desde el psicoanálisis, no se ha logrado una pacificación sino que, en algunos casos, ha contribuido al aumento de la violencia.

Una verdadera política de género, como afirma Simone de Beauvoir, debe tener en cuenta que la historia no gira en redondo y que debe erradicarse la casta de la inferioridad. La libertad debe romper ese círculo y, en la medida en que le asignen responsabilidades a la mujer, esta sabrá asumirlas. Liberar a la mujer es negarse a encerrarla en las relaciones que la sostienen con el hombre, pero no negarlas; su verdadera liberación significa romper las cadenas de esta forma de esclavitud moderna que alcanza a la mitad de la humanidad y dirigirse sin equívocos hacia la fraternidad.

Resulta sosegado proclamar que la mujer debe tener independencia económica, recursos para el trabajo, acceso a la vivienda, posibilidad de mantener a sus hijos como una mejor forma de disposición para evitar sufrir cualquier tipo de agresión que provenga del varón. Un Estado preocupado, pero preocupado realmente por la vida y la seguridad de la mujer debe destinar más recursos, actuar en los ámbitos preventivos y no limitarse a la consagración de leyes ni esperar la respuesta desde el sistema penal.

Combatir la inferioridad en la que está la mujer es, como dice la profesora Larrauri, dar pelea a la posibilidad de que toda mujer se aleje de tener que soportar malos tratos. La propuesta de apoyo económico a la mujer maltratada, que confía su situación al sistema penal, es mucho más beneficiosa que la espera de una solución muchas veces idílica que pueda germinar de este.

Es un compromiso, un desafío o una empresa común de todos, hombres y mujeres, encolumnarnos hacia la eliminación de cualquier forma de discriminación de la mujer. La violencia contra ellas es una cuestión de derechos humanos y en condiciones de asepsia política infiero que su erradicación puede ser un puente que nos convoque, que nos una y que sea la panoplia o uno de los puntos fundamentes para erradicar las grietas, las divisiones o los enfrentamientos que innegablemente atraviesan a nuestra sociedad actual.

Por Julio C. Báez

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