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Jueves 05 de diciembre de 2019

Los que perdieron la vida buscando la libertad

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El 16 de octubre no habrá actos oficiales de recordación, ni entrega de medallas, ni presencia de maestros y alumnos obligatorias, ni se impondrá nombre de los muertos a establecimiento, plaza, localidad o algún barrio donde vivían, ni siquiera una placa, ni mucho menos pronunciamiento político o institucional. Es que ese día simplemente se cumple un año más en que ocho niños formoseños decidieron luchar hasta perder la vida buscando la libertad en la tristemente célebre "Comisaría del menor", en la trágica siesta del 16 de octubre del año 1989 conocida como "El Holocausto de Villa Jardín" en la definición del recordado sacerdote, compañero y amigo Delis Luque.

Mucho menos se pronunciará una legisladora que esperó 35 años para informarse sobre otra tragedia ocurrida en otra siesta del mes de octubre de 1975.

Es que los ocho niños formoseños inmolados no tenían otra arma que no sea su inocencia ni otro anhelo que recuperar su libertad perdida por el delito de ser pobres.

Ningún homenaje puede generar rédito político y, por el contrario, proyectaría una muestra patética de los abusos del poder y la miseria moral de las autoridades responsables.

Es que la mayor y más grave violación a los derechos humanos de la historia argentina en época democrática se origina en la creación de dicha comisaría mediante el dictado de la Disposición Nº 051/85 de la Jefatura de Policía de la Provincia con conocimiento y aprobación del Poder Ejecutivo a través del Ministro de Gobierno de entonces, violando y subvirtiendo groseramente la ley de minoridad vigente en la época.

Obviamente no hace falta recordar a la senadora quienes ocupaban tales cargo en el gobierno del que ella misma participaba, habiendo intervenido en la reunión de representantes de los tres poderes del Estado que inmediatamente se convocó para diagramar la estrategia de encubrimiento y de impunidad, al extremo de apoyar posteriormente la expulsión de las víctimas de las causas penales mediante una verdadera ablación sin anestesia de la figura del querellante a la que calificó públicamente de "rémora medieval que persigue la venganza". Expulsión que se prolongó por más de veinte años.

Instalaciones

Las instalaciones con que contaba la Comisaría para "protección material y moral" de los menores de la calle eran dos celdas de 3 por 3 metros, lugar donde se hacinaban generalmente en número de diez o más en cada una. Los niños eran obligados a dormir en el piso, sin camas ni colchones, ni manta que le sirviera de abrigo.

Piojos, pulgas y sarnas cubrían la mayor parte de sus cuerpos. En la única celda con baño, al carecer de agua corriente, en la materia fecal estacionada por mucho tiempo pululaban los gusanos y, en algunas guardias, los carceleros obligaban a los menores a tener relaciones sexuales forzadas entre ellos hasta con perros como una forma de entretenimiento para "pasar el tiempo".

También le robaban los alimentos que les llevaba Marcilio Leguizamón, sumiendo a los menores en un desesperante estado cercano a la inanición.

Así, atormentados hasta la desesperación por tiempo indeterminado, que en algunos casos llevaban ocho meses, ante la proximidad del "Día de la Madre" (alguna de las cuales no pudieron rescatar a sus hijos a tiempo por la sencilla razón de que no tenían para pagar el pasaje en colectivo), buscando amor y protección resolvieron no esperar la miserable comida que nunca llegaba, y para intentar llamar la atención de las autoridades, deciden luchar por su libertad prendiendo fuego a colchones de goma pluma que recientemente le habían obsequiado (que jamás se debe permitir en cárceles, debiendo ser de estopa) y así intentando hacer cesar la privación ilegal de su libertad queman sus vidas, perdiendo los dos derechos universablemente irrenunciables.

De tal manera, por la descomposición térmica de materiales sintéticos, por el mayor poder calorífico, los menores sufrieron lesiones químicas en el árbol traqueobronquial y en el parénquina de los pulmones por inhalación de dichos productos en descomposición, siendo ésta la principal causa de las muertes, a los cuales cabe agregar el envenenamiento por humo y la asfixia, pero fundamentalmente por la temperatura que alcanzó los 500 grados en escasos minutos, "cocinando" a los niños mientras el llavero Maidana observaba la dantesca escena sin hacer nada por que "se olvidó donde había dejado las llaves de las celdas".

Se trata de un policía pirómano que fue sancionado con 35 días de arresto por intentar incendiar la subcomisaría donde prestaba servicios, y para cumplir "la sanción" le destinaron a prestar servicios durante la misma en la Comisaría del Menor.

Los sobrevivientes

Los 4 menores sobrevivientes, dos por pocas horas, fueron inmediatamente sacados del país rumbo al Paraguay a un hospital que ni siquiera disponía de insumos básicos, como plasma para su atención, en lugar de evacuarlo en el Instituto del quemado en la Capital Federal que por vía área, medido en tiempo con el terrestre, es menor. Lógicamente el propósito fue evitar que la prensa nacional tuviera conocimiento de los padecimientos de los niños y las razones de sus muertes en la mayor violación a los derechos humanos de la "democracia y el estado de derecho".

El Defensor del Pueblo (cuando no) de entonces culpó "a la sociedad por no haber exigido que la situación de la Comisaría del Menor cesara" (sic), mientras que las autoridades jamás siquiera emitieron una comunicación informando sobre lo sucedido.

Que, diferencia con la actitud del Presidente de Chile que, no obstante estar pendiente el debate sobre la falta de seguridad de los mineros en sus tareas que ningún gobierno democrático anterior fue capaz de modificar, se ocupó personalmente logrando salvar la vida de 33 obreros sepultados a 700 metros de profundidad durante 3 meses, cuando en Formosa, a escasas 10 cuadras de la casa de Gobierno durante cinco años funcionó un campo de concentración para menores y la muerte de los 8 niños, entre ellos el indiecito Dañaron, de apenas 10 años de edad, no pudo evitarse, ni siquiera salvar a uno de ellos.
Pero lo más impactante, en comparación con nuestra triste realidad, es que Piñera al cerrar el ducto luego de concluida toda la operación de salvataje, se comprometió a que ningún responsable quede impune, afirmación que proviniendo de un político "de derecha", también empresario de primer nivel, demuestra que la defensa de los derechos humanos esenciales como la vida y la libertad no tiene ideología y aquellos dirigentes que pretenden apropiarse de tan nobles banderas como patrimonio propio sólo buscan tamizar sus conductas "non sanctas", aunque se consideren "de izquierda", porque la corrupción tampoco tiene ideología

En nuestro caso el resto del trabajo sucio quedó enteramente en manos de la justicia. Magistrados que "se equivocaron del código", otros que determinaron que el objeto del proceso debe ser las muertes de los menores y luego "miraron para otro lado" cuando se llevó a cabo el juicio a sólo 3 policías de menor rango por delitos triviales, e interviene conduciendo un camarista que había actuado como defensor de una funcionaria acusada en la misma causa y "se olvidó" de excusarse y la supresión del querellante que facilitó el sobreseimiento inmediato del Jefe de la Comisaría (haciendo un corte en la cadena de responsabilidades hacia arriba), levantaron un cerco inexpugnable a favor de la impunidad.

Y como si semejante agravio fuera poco, dentro de la demanda civil por daños y perjuicios la Fiscalía de Estado se opone a las indemnizaciones con argumentos discriminatorios, propio del nazismo que, como se esperaba, es solícitamente atendida por magistrados y magistradas (diría nuestra Presidenta), que consideraron que "las madres que abandonaron a sus hijos en la calle no tienen derecho a reclamar daño moral alguno".

Hago mía la estrofa de la canción de Fito Paez que dice: "Jueces del anochecer, polizontes del horror. Usted quiere a su mujer, yo quiero una explicación", dedicada al menor Walter Bulacio de 17 años víctima de la violencia policial.

Y el fallo de la Corte Interamericana en el "Caso Bulacio" recomiendo leer, porque se declararía la imprescriptibilidad de la acción penal equiparando a los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado, amén de la indemnización de 400.000 dólares.

Coincido sin especulación ni oportunismo alguno que se debe recordar e indemnizar a quienes dan la vida defendiendo la bandera de la Patria, pero también merecen igual trato los niños que atormentados por el Estado en plena democracia ofrendaron lo más preciado que tiene todo ser humano, enarbolando la bandera de la libertad donde bordaron el amor más grande de sus vidas.

Hasta perderlas, brindando un monumental ejemplo de dignidad a sus verdugos que jamás ni siquiera brindaron alguna explicación sobre la tragedia.

Por ello mi permanente recuerdo y homenaje a los niños de la calle inmolados en la Comisaría del Menor, quienes con su sacrificio marcaron un camino a seguir, convocando y comprometiendo a los formoseños ("bien nacidos", diría el amigo y compañero Gildo) a elegir la libertad y la esperanza, con sus peligros y sus intemperies, única forma de poner límites a la cultura del sometimiento en una sociedad de "libertos".

Pedro Velázquez Ibarra

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