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Martes 26 de septiembre de 2017

Prevén sanciones para intendentes que usen sus nombres en bienes públicos

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Los patrulleros con el nombre de la intendenta Verónica Magario.Los patrulleros con el nombre de la intendenta Verónica Magario.Una iniciativa de diputados del Frente Renovador y de Cambiemos propone multas de hasta 20 salarios mínimos para el funcionario que trasgreda la norma de ética pública.
El festival de nombres propios en patrulleros, ambulancias públicas, camiones destinados a programas de zoonosis u otras variedades de campaña con servicios que pagan los vecinos tendría los días contados si prosperan algunos de los tres proyectos con tratamiento en la Legislatura y que prevé multas de hasta “20 salarios mínimos” para el funcionario que trasgreda la norma de ética pública.

Tiene trámite parlamentario en Diputados la iniciativa de Pablo Garate (Frente Renovador) y Guillermo Castello (Cambiemos) e imponen sanciones contra los intendentes que utilicen los bienes públicos para campañas personales.

Mañana, en el Senado bonaerense, se trata en el recinto la propuesta de Andrés De Leo -integrante de Cambiemos por la Coalición Cívica de Elisa Carrió-, que “prohíbe la difusión y colocación de nombres, símbolos o imágenes en campañas de actos de gobierno o en bienes del estado, que supongan la promoción personal de autoridades o funcionarios provinciales”.

Es una norma a medida de los episodios conocidos en las últimas horas en los municipios de La Matanza, Vicente López, Moreno y José C. Paz. Involucra a Verónica Magario, Jorge Macri, Walter Festa y Mario Ishii, respectivamente.

La comprobación de estas irregularidades también preocupa al gobierno provincial porque, en caso de legitimarse el procedimiento adoptado por los jefes comunales la provincia de Buenos Aires conformaría un “aquelarre” propagandístico partidario. En el caso de los patrulleros policiales de Magario y Festa, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo ratificó esta mañana que “no están a autorizados para el servicio”.

En La Matanza son 40 vehículos estacionados frente a las comisarías, como comprobó Clarín. Las ocho ambulancias de Ishii todavía están ploteadas con su nombre. Y Macri se apresuró a quitar el suyo de los camiones del municipio afectados a la esterilización de perros y gatos.

Una vez aprobada la ley en la Legislatura provincial, según la explicación oficial, se invitará a adherir en todos sus términos a las municipalidades.

En los fundamentos del proyecto de De Leo queda especificada “la necesidad de poner límites a los funcionarios que, abusándose del poder que detentan, llevan a cabo campañas, desde y con fondos del Estado, con el fin principal de promocionarse y exaltar su imagen”.

Se incorpora a una presentación similar en el Congreso Nacional de Leonor Martínez Villada (CC-ARI), Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, quien solicitó “el urgente tratamiento del proyecto de ley de Neutralidad de la Administración Pública que permitiría la aplicación de pena de prisión e inhabilitación, para evitar comportamientos que atentan contra la ética en la función pública”.

En tanto, el diputado nacional Miguel Bazze (UCR-Cambiemos- Buenos Aires) presentó un proyecto para modificar la Ley 25188 de Ética Pública, por la cual se les impedirá a los funcionarios “la utilización de bienes públicos, para realizar publicidad en beneficio personal o de partidos políticos”.

“El proyecto de ley impide la exhibición de nombres y apellidos de funcionarios o dirigentes o agrupaciones políticas en muebles o inmuebles del Estado, y su utilización en la designación de programas o planes de gobierno”, dice Bazze.

El diputado explicó que la propuesta presentada “reforma la ley 25188 de Ética Pública tipificando el delito y reforma además el Código Penal de la Nación estableciendo severas penas que van desde la inhabilitación hasta la prisión para el funcionario que incurriera en este tipo de irregularidades”.

En los fundamentos el legislador sostiene que "la utilización de bienes del Estado para realizar publicidad en favor de funcionarios o agrupaciones políticas es una desviación grave de los principios republicanos que deben regir en el ejercicio de la función pública”.

“Representa una utilización absolutamente incorrecta de los bienes que son propiedad del Estado y una clara exhibición de un exacerbado culto al personalismo incompatible con el sistema republicano y democrático”, dice.

El cambio propuesto indica en el punto H del artículo 2 de la ley: “No exhibir ni utilizar nombres y apellidos, apodos o referencias personales de funcionarios, agrupaciones o partidos políticos en edificios públicos, monumentos, paseos, plazas, o cualquier otro espacio público; en vehículos, maquinarias y carteles de obra, y en la designación de programas o planes de gobierno que representen cualquier forma de publicidad política”.


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