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Lunes 21 de agosto de 2017

Viento Norte

Edicion Impresa - Viento Norte

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La Ley de Entidades Financieras, promulgada en febrero de 1977 con la firma del dictador Jorge Rafael Videla y de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, que marcó el inicio del proceso de extranjerización del sistema financiero, sigue siendo uno de los pilares de la economía nacional en la actualidad.

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Si bien desde entonces ha sufrido modificaciones menores, el profundo surco que la escuela de Chicago y el Consenso de Washington dejó en la Argentina, como en toda Latinoamérica, desde fines de los `70 perdura hoy, cuarenta años después de su promulgación, constituyéndose en una larga deuda para con la democracia.

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El eje de esa normativa es que los bancos pueden hacer todo menos lo que está explícitamente prohibido, y hay muy pocas prohibiciones.

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En nombre del libre mercado se liberalizó la tasa de interés y flexibilizó la apertura de nuevas entidades financieras, con el expreso objetivo de que las tasas alcanzaran valores reales positivos y elevados, lo cual es letal para la industria, sobre todo para las pymes.

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El resultado fue la crisis bancaria de 1980, que sería la primera de una conocida lista.

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La norma toma el crédito como un bien de mercado, plausible de ser determinado por un precio, cuando en realidad se trata de un bien público, tanto porque se nutre con la agregación del ahorro de los ciudadanos como porque su uso repercute en la economía de toda la población.

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A partir de ella, los bancos son cada vez más concentrados y dirigen sus créditos a grandes empresas (muchas de ellas extranjeras), o a las actividades más lucrativas en el corto plazo, las cuales suelen ser créditos personales y demás líneas para el consumo.

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En momentos de especulación tiene lugar otra variante, que es el crédito para la lisa y llana compra de moneda extranjera.

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En 2012, el kirchnerismo modificó la Carta Orgánica del Banco Central, que pasó de velar solo por la estabilidad de la moneda a incorporar “la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de la economía”.

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Eso le permitió introducir regulaciones en la actividad bancaria, como la exigencia de destinar una parte de los créditos para inversión productiva.

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