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Sábado 16 de diciembre de 2017

Restricciones en el PAMI: el factor López Murphy

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altaltSe trata de un artilugio con el fin de embaucar a los más desprevenidos para hacer pasar un ataque frontal contra los jubilados como una batalla contra indecentes aprovechadores.

El Gobierno de Mauricio Macri anunció el fin de la universalidad de la prestación del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) al establecer restricciones al acceso a los descuentos a la medicación a jubilados que ganen el equivalente a una jubilación y media —8.500 pesos— y que tengan un auto con una antigüedad menor a diez años, paguen una prepaga o posean más de un inmueble.

“Lo que buscamos es que sea justo el sistema y hoy en día no es justo si una persona que tiene un yate de lujo o que vive en un country de lujo o que tiene un avión recibe medicamentos gratis del PAMI”, había dicho Carlos Regazzoni, titular del PAMI, para justificar las medidas.

También consignó que la medida impulsaba pelear contra la inequidad que provocaría que un jubilado que pasa sus vacaciones en Punta del Este tuviera descuentos al 100% en medicamentos y que se trataba de quitarles ese beneficio a los que más tienen en pos de garantizarlo a quienes menos tienen. Toda una patraña de características conservadoras prediluvianas que intenta convertir, por medio de fraseología efectista, un derecho en un privilegio a combatir.

En primer lugar, las cifras oficiales difundidas por Regazzoni informan que, del millón seiscientos mil jubilados que acceden a los descuentos totales de medicamentos (sobre un total de cinco millones de afiliados a la obra social PAMI), sólo 53 casos de personas con aviones fueron detectados y dos mil tenían embarcaciones —que podría tratarse desde lanchas fluviales para pescar hasta yates—, por lo tanto, en el peor de los casos, 0,1% tendría embarcaciones y 0,0033125% tendría aviones.

Lamentablemente, el funcionario no especificó cuántos jubilados gozan de las lujosas fiestas de verano en Punta del Este para luego ir a comprar insulina con descuentos totales a la farmacia del barrio. Claramente, se trata de un artilugio con el fin de embaucar a los más desprevenidos para hacer pasar un ataque frontal contra los jubilados como una batalla contra indecentes aprovechadores.

Los jubilados que cobran 8.500 pesos no son, definitivamente, “quienes más tienen” y si por fortuna tienen una propiedad para alquilar, o un auto modelo 2007 o sus hijos hacen un esfuerzo por pagarles una prepaga que permita una atención más ágil que la que provee el colapsado PAMI, no se trata de que se asemejen a los privilegiados de este país, entre los que se puede contar a empresarios energéticos, mineros y agroexportadores, a los que el Gobierno de Macri brinda exenciones impositivas cada vez más grandes, medidas que sí provocan privilegios millonarios. El Gobierno de Mauricio Macri quiere usar a los jubilados y sus medicaciones como variable para el ahorro en función de otorgarles beneficios extraordinarios a la clase empresarial y a los acreedores externos de la deuda.

El criterio de las nuevas medidas del PAMI es peligroso y un ataque contra un derecho universal. Con el mismo razonamiento se podría decir: “A partir de tal sueldo, los ciudadanos deben enviar a sus hijos a escuelas privadas”.

El principio de universalidad intenta, con todos sus límites, disminuir las diferencias de clase que establece dividida en tales segmentos y plantear un criterio para todos los habitantes. En lugar de fijar mayores impuestos diferenciados para los sectores más pudientes para garantizar esta universalidad, el Estado gobernado por el macrismo quiere quebrar esa universalidad y quitarles a quienes cobren 8.500 pesos como si fueran parte de los sectores privilegiados.

Más y más beneficios para los sectores concentrados de la economía y recortes para los sectores populares. Una receta que ya se usó, con resultados fracasados. Hoy se intenta ir contra los más vulnerables, los ancianos. Es necesario recordar que ya se probó implementar este tipo de iniciativas. Ricardo López Murphy, entonces ministro de Economía del presidente Fernando De la Rúa, decretó una rebaja del 13% en las jubilaciones. La movilización popular provocó su salida del gabinete. Fue el primer síntoma de una serie de eventos que se manifestaron antes de que todo estallara.

Por Diego Rojas

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Comentarios (1)add
comentario
Escrito por pablo vazquez , 11 de enero de 2017, 09:05 hs.
Excelente descripción de la situación con datos específicos y precisos, por suerte quedan periodistas en este país.
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