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Miércoles 11 de diciembre de 2019

Pacientes hemofílicos sobrevivientes de un contagio masivo de VIH en 1985 volvieron a pedir justicia

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Tres sobrevivientes de un millar de infectados a través de transfusiones de sangre contaminada que recibían como tratamiento contra la hemofilia pidieron a la justicia que se investigue la denuncia contra los médicos responsables del contagio, ocurrido hace tres décadas.

A Pedro Benigno Gutiérrez, quien se presentó hace quince días ante la justicia, se sumaron esta semana Hugo Adrián Cardozo e Iván Darío Rivarola, quienes invocaron un estado "terminal" en su salud para reclamar el procesamiento de los responsables de la Fundación de la Hemofilia Argentina, donde contrajeron las enfermedades entre 1985 y 1992.

Los tres se amparan en un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal de comienzos de este año que declaró que los presuntos delitos no están prescriptos y ordenó reabrir la causa, cuya clausura por el paso del tiempo había ordenado el juez federal Claudio Bonadío en el 2005.

La primera de las nuevas denuncias recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y las otras dos fueron sorteadas al de María Servini, donde el jueves las ratificaron, aunque todo indica que deberían unificarse.

"Ante el conocimiento de hechos gravísimos y enterado de la muerte de ochocientos hemofílicos, entre los cuales conocí personalmente a casi todos, ya no me queda duda de que lo que hicieron con nosotros fue un genocidio o una matanza generalizada", sostuvo Gutiérrez en su reclamo.

Las denuncias apuntan a los médicos Raúl Pérez Bianco y Miguel Tezano Pintos, ex director y ex integrante del consejo de administración, respectivamente, de la citada Fundación, así como a Eduardo Cordero Biedma y Eduardo Alfredo Díaz, entonces directivos ejecutivos de la Academia Nacional de Medicina y de la institucional especializada.

Las denuncias penales son por los supuestos delitos de "contagio doloso", "tráfico de medicamentos contaminados" y "envenenamiento masivo", para los cuales el Código Penal prevé penas de hasta 25 años de prisión cuando alguno de esos ilícitos provoca muertes.

Todos los pacientes se infectaron del virus del VIH al ser transfundidos con sangre extraída en países de África, donde ya había estallado la epidemia, y procesada en Francia sin los recaudos necesarios.

Ese concentrado era importado por la Argentina, que fue uno de los países más afectados por esta contaminación a gran escala, aunque se estima que en Estados Unidos y otras naciones europeas hay entre 6 y 10 mil pacientes en idéntica situación.

Los pacientes eran transfundidos con esa sangre y un producto llamado Factor 8, un coagulante que mitiga esta enfermedad degenerativa, que se expresa por hemorragias sólo evitables incentivando la formación de plaquetas.

Los hemofílicos así tratados se fueron enterando que habían contraído VIH y muchos de ellos hepatitis C entre 1985 y 1992, ya que según aseguran varios damnificados, no les habían advertido antes de la situación.

Sin embargo, aseguran que las autoridades de la Academia de Medicina y de la Fundación habían recibido notificaciones advirtiéndoles de la situación, sin que tomaran medidas.

"Ya próximo a una muerte segura por los estragos de mis enfermedades, ya no tengo nada más que perder. Lo he perdido todo, no tengo descendencia, tengo solo mis padres vivos", sostuvo Gutiérrez en su denuncia.

"El Factor 8 es indispensable para que los hemofílicos podamos seguir viviendo y por eso solicito que no se me suspenda la asignación del medicamento por el hecho de efectuar esta denuncia", pidió Rivarola, que hoy tiene 34 años y reside en Córdoba.

La mayoría de los infectados se fueron muriendo a lo largo de los años esperando justicia, entre ellos, Luis Echerren, el principal impulsor de esta causa que falleció en enero del 2015 y que denunció la actitud del juez federal Claudio Bonadío, quien -aseguran- nunca tomó declaración a los denunciados hasta que la acción penal prescribió en el año 2005, y cerró el caso.

También ese año fracasó en el Congreso una ley para otorgar un subsidio de 100 mil pesos a los afectados por la infección masiva, que sufrieron importantes secuelas de por vida. y tampoco tuvieron respuesta de parte de la Justicia.

El fallo de Casación ordenando reabrir la causa fue apelado por los imputados, por lo que se espera que intervenga la Corte Suprema de Justicia para resolver el litigio.


Para leer el cable de la noticia acceder a: https://cablera.telam.com.ar/cable/416242

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