24 de marzo de 1976: La imposición de un modelo económico y social

Fuente Aumentar Fuente Disminuir Fuente
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.

Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.

El golpe

El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos.

Para aplicar el proyecto de esos grupos, que consistía en garantizar una mayor concentración de las riquezas, fue necesario destruir las organizaciones político-sociales que luchaban por impedirlo. Pocos días después, la junta designó como presidente a uno de sus integrantes, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, quien fue presentado en un comunicado de prensa oficial como “un profesional moderado, lejano de los extremos ideológicos y militante católico”.

Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores, sobre todo de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis, la Iglesia Católica y dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito tampoco se pronunciaron en contra.

El peronismo y el radicalismo no resistieron el golpe como se esperaba, ya que sus dirigentes más tradicionales guardaron, en general, un cómplice silencio. Los sectores más combativos ya no tenían capacidad de respuesta, debilitados por el accionar de la Triple A.

Los otros integrantes de la junta militar fueron el almirante Eduardo E. Massera, por la Armada, y el brigadier Orlando R. Agosti, por la Fuerza Aérea.

El nuevo gobierno se autotituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la clausura del Congreso Nacional, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la imposición de una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación.

La política económica

El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció el programa del “Proceso”. Allí describió los que eran para el nuevo gobierno los principales problemas de la economía argentina: un Estado empresario que había asumido funciones correspondientes a la iniciativa privada, que había regulado actividades económicas que debía realizar el mercado a través de la oferta y la demanda, que había intervenido en el mercado laboral estableciendo pautas rígidas para las relaciones obrero-patronales (leyes sobre empleo estable, indemnización por despido, negociaciones colectivas, etc.) y que también había protegido a los empresarios a través de aranceles a la importación de mercaderías y subsidios.

Este conjunto de factores había determinado un creciente déficit fiscal, una inflación galopante y una burguesía renuente a invertir, por no tener competencia y por el alto costo laboral producto de la capacidad de presión de los sindicatos. Así habían imposibilitado –afirmó- la modernización y el crecimiento económico del país.

Para superar esos problemas, propuso una “Reforma del Estado” que destruyera las características empresariales e interventoras de éste y garantizara la libertad de producción, circulación, precios iniciativa, etcétera… A la vez, para hacer más competitiva la industria, planteó una apertura económica que permitiera el ingreso de mercaderías y así que el mercado determinara qué empresas deberían subsistir por ser capaces de producir bienes baratos y buenos. A esta visión se la denomina “darwinismo social” porque el plantea que el más apto sobrevive y se desarrolla y el otro muere por falta de capacidad para adaptarse al cambio y el progreso. (…)

(Trascripción de un fragmento del libro Lo pasado pensado, entrevistas con la historia argentina (1955-1983), de Felipe Pigna).

Espacio Publicitario
 
 
Radio Uno En VIVO!!!!
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.



Edición Hojeable