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Viernes 24 de mayo de 2019
Viento Norte

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Viernes, 24 de Mayo de 2019 00:00

Nuevos indicadores confirmaron esta semana la caída de ventas en librerías de todo el país, producto de la contracción del consumo en general y del deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos. En la última edición de la Feria del Libro que se celebró en la ciudad de Buenos Aires ya se había alertado sobre la crisis que afecta al sector editorial, señalando que, en promedio, se registra un 20 por ciento menos de ventas que en este mismo mes del año pasado.
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El momento crítico que atraviesa la comercialización de textos tiene como excepción el caso del libro de la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, titulado “Sinceramente”, que fue editado por PenguinRandomHouse y que, según los responsables de ese grupo editorial, batió récord de ventas en todo el país y oxigenó la cadena de comercialización en un año en el que la caída del consumo afecta a muchos comercios. En el otro extremo se ubica el caso de la tradicional librería porteña Distal, que por la crisis en la economía nacional se vio obligada a bajar las persianas en seis de las 16 sucursales que tiene en la ciudad de Buenos Aires y despedir a 40 empleados. Representantes legales de la firma explicaron que la empresa apeló al artículo 247 de la ley de Contrato de Trabajo que hace referencia a una ‘causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada‘ y que permite el pago de indemnizaciones al 50 por ciento. Un reciente informe elaborado por la Cámara Argentina del Libro (CAL), con datos y estadísticas de la producción de libros en todo el país, informa de una caída en la tirada de ejemplares que viene desde 2014. El documento señala que en 2018 se registró un 66 por ciento menos de ejemplares con respecto a cuatro años antes, cuando comenzó a caer la curva de ventas. En realidad, toda la cadena de valor del libro está en serios problemas. Es por eso que en la última Feria del Libro de Buenos Aires, los representantes de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), de la Cámara Argentina del Libro (CAL) y de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Actividades Afines (Falpa), entre otras entidades, brindaron una conferencia de prensa para manifestar su preocupación por la crisis que atraviesa el sector y por la exclusión de las librerías del beneficio de la desgravación del IVA. En ese sentido, representantes de la Cámara Argentina del Libro remarcaron que este beneficio, históricamente solicitado por el sector, sería de gran ayuda ante la prolongada y grave crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas gráficas, editoriales y librerías con caídas acumuladas en la producción y ventas. Por su parte, desde la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa) se advirtió que la situación en las librerías del interior del país es muy crítica, y se cuestionó la falta de una política de Estado que apuntale la labor de este eslabón de la cadena de valor del libro.
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Una encuesta realizada por la Cámara Argentina del Libro entre editores y libreros de todo el país reveló que lo que más preocupa es el aumento de costos, el desmesurado incremento de las tarifas y la drástica caída del consumo que se agudizó a partir del año 2015. Según el informe de la entidad, este difícil escenario hizo que cerca del 20 por ciento de las empresas editoriales hayan tomado la decisión de despedir personal a lo largo del año pasado. Pero hay más: el 29 por ciento de los consultados consideró que este año será mucho peor que 2018, y un 39 por ciento se prepara para una situación aún peor. El informe muestra, además, que mientras en 2008 se registraba un récord de exportaciones de libros editados en el país, por un total de 49,1 millones de dólares; el año pasado las importaciones ganaron la pulseada a la producción local: hubo récord sí, pero de importaciones de ingresos de producciones extranjeras por un valor de 175,2 millones de dólares.
 

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Jueves, 23 de Mayo de 2019 00:00

Para reflexionar sobre la humanización del parto y en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la organización Parir y Nacer, una asociación civil que promueve los derechos de los padres y los recién nacidos, realizó un informe audiovisual titulado “Tiempo de parir. Cesáreas en aumento” que puede verse completo en la plataforma de videos YouTube. Allí, se plantea que mucho de lo que sucede en el momento del parto sitúa a la mujer en una situación de vulnerabilidad muy alta, sin la información suficiente para tomar decisiones y, mucho menos, para hacer preguntas. Según la documentalista Graciela Stuchlik, autora del informe audiovisual, el problema reside en que el equipo profesional de salud “en vez de ponerse a disponibilidad de la persona que va a parir, se rige por sus propios tiempos”. “Tiempo es dinero, sobre todo para el sistema privado”, observa. En el documental se advierte, además, que forzar procedimientos como inducciones, episiotomías o cesáreas sin indicación médica precisa, son prácticas consideradas como violencia obstétrica, que es aquella que ejerce el personal del sistema de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Según los especialistas que promueven el parto respetado, este tipo de prácticas violentas, por lo general, se expresan en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.
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El informe “Tiempo de parir. Cesáreas en aumento”, también revela casos como los de la provincia de Buenos Aires, donde en el sector privado de la salud se registran tasas del 67 por ciento de cesáreas, y de reconocidas clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la cifra trepa a un increíble 90 por ciento. Otro caso llamativo es el de la provincia de Tucumán donde, según la misma fuente, la tasa de cesáreas alcanza un 91 por ciento en el sector privado y un 41 por ciento en el sistema público de salud.
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El médico sanitarista Mario Róvere sintetiza muy bien el problema: “Para el sistema de salud lo que más importa de una cesárea es que se sabe a qué hora empieza y a qué hora termina. Es una expresión de la organización fabril de los servicios de salud”, señala.
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En nuestro país está vigente la ley nacional 25.929, de parto humanizado, que hace referencia al respeto a los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento. En ese sentido, los especialistas que promueven el parto humanizado explican que esta modalidad promueve también el respeto a las particularidades de cada familia -etnia, religión, nacionalidad-, acompañándola en cada caso a través de la toma de decisiones seguras e informadas. Esto quiere decir también que toda mujer tiene derecho a un parto natural, a estar acompañada por la persona que ella desee, a ser protagonista activa en este proceso y a recibir información necesaria para decidir. Pero más allá de lo que establece la ley, la información con la que cuente la mujer y su familia a la hora del parto es clave para reclamar que se respeten los derechos que protege el marco normativo vigente. Es que hay una asimetría muy importante entre la cuota de decisión de los profesionales de la salud que van a atender y dirigir el parto, y la palabra de la usuaria del sistema de salud, ya sea público o privado.
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Por eso es importante promover la humanización del parto y el nacimiento. Es necesario que tanto los profesionales de la salud como la embarazada y su entorno familiar estén informados sobre los derechos de la mujer.
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Como bien señala la Organización Mundial de la Salud, en el parto humanizado, los deseos y necesidades de las mujeres son prioridad por sobre los de los del equipo médico. Se debe respetar tanto la intimidad como las decisiones de las mujeres embarazadas.
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Miércoles, 22 de Mayo de 2019 00:00

La multinacional productora de agroquímicos y biotecnología para la agricultura, Monsanto, propiedad del gigante alemán Bayer, fue condenada por un jurado de California a pagar más de 2.000 millones de dólares a una pareja de pacientes estadounidenses, a quienes se les detectó un cáncer. Los abogados de los denunciantes explicaron que el fallo tuvo en cuenta la abundante documentación que confirma la peligrosidad del herbicida Roundup, comercializado por la empresa, que contiene glifosato.
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Este es el tercer juicio consecutivo que pierde Monsanto en Estados Unidos, donde la multinacional enfrenta más de 13.400 demandas contra su producto elaborado con glifosato. El revés judicial tuvo repercusión en todos los países donde la compañía comercializa ese controversial producto, que suma así un nuevo argumento a favor de quienes vienen alertando sobre la enorme peligrosidad de los agrotóxicos. En Europa, por ejemplo, se puso en marcha una iniciativa ciudadana que logró conseguir más de un millón de firmas en distintos países que forman parte del bloque regional para solicitar a las autoridades de la Unión Europea la urgente prohibición del glifosato y otros agroquímicos.
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En la Argentina, en septiembre del año pasado una noticia relacionada con los daños que provoca a la salud humana el empleo de agrotóxicos llegó desde una zona rural de Basavilbaso, Entre Ríos, una localidad ubicada a unos 200 kilómetros de Paraná: los medios locales informaron en esa oportunidad el fallecimiento, luego de cinco días de internación, de Fabián Tomasi, un empleado rural que durante largos períodos de tiempo estuvo en contacto con agroquímicos y al que los médicos le habían diagnosticado polineuropatía tóxica metabólica severa, que genera una disfunción en el sistema nervioso.
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El rechazo a los agrotóxicos en Estados Unidos, en tanto, tuvo como caso testigo el del productor californiano afectado por un cáncer, Edwin Hardeman, que también ganó un juicio a Monsanto. Sus abogados denunciaron que la compañía multinacional impulsa una estrategia para mantener a su producto lejos de las sospechas y advertencias sobre su peligrosidad, para lo cual destina grandes sumas de dinero al pago de personalidades influyentes para que actúen como voceros de la empresa y fervientes defensores del glifosato. Esta semana, el letrado de la pareja a la que un jurado de California dio la razón dijo que en el juicio se expusieron documentos internos de la compañía que demostraban que, desde el primer día, Monsanto nunca tuvo interés en averiguar si Roundup era seguro. ‘En lugar de invertir en ciencia sólida, invirtieron millones en atacar a la ciencia que amenazaba su agenda comercial‘, agregó el abogado de los damnificados, Brent Wisner.
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A su vez, la empresa Bayer informó a través de un comunicado que apelará el fallo argumentando que la decisión del jurado californiano difiere con una reciente revisión de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense sobre herbicidas a base de glifosato. ‘El consenso entre los principales reguladores de salud en todo el mundo es que los productos a base de glifosato se pueden usar de manera segura y que el glifosato no es cancerígeno‘, sostuvo la compañía. Tal afirmación, sin embargo, no es compartida por una amplia mayoría de organizaciones e investigadores que desde hace varios años alertan sobre los efectos devastadores del glifosato y cuestionan el actual modelo de producción que se impone en la agricultura con el empleo masivo de pesticidas.
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A este revés judicial de la multinacional en la justicia de Estados Unidos, se suma el hecho de que el gigante químico alemán Bayer admitió que su filial Monsanto podría haber espiado a cientos de personalidades en países europeos en función de su posición sobre el glifosato. Por su parte, la justicia francesa inició una investigación después de la denuncia de las listas secretas publicada por el diario Le Monde y uno de sus periodistas, que figuraba en uno de los ficheros.

 
 

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Martes, 21 de Mayo de 2019 00:00

egún los datos de ese trabajo, la producción industrial profundizó su caída en marzo al registrar una contracción del 13,6 por ciento, comparada con igual período del año anterior y, además, tuvo un desplome del 6,3 por ciento contra febrero de 2018. No es el único sector que padece los efectos de una recesión que, lamentablemente, no es la primera que sufre la Argentina.
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A propósito de las recurrentes crisis que sacuden al país, resulta interesante la lectura del documento presentado esta semana por el Banco Mundial en la sede que la Cámara Argentina de Comercio tiene en la Ciudad de Buenos Aires, titulado “Hacia el fin de las crisis en Argentina. Prioridades para un crecimiento sostenible y prosperidad compartida”. Según este trabajo del organismo internacional, entre 1950 y 2016, el país estuvo un 32 por ciento de ese período de tiempo con caída de la actividad.
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En otras palabras, la Argentina pasó un tercio de los últimos 65 años en recesión. Los autores del trabajo apuntan, por otra parte, que fueron 14 las recesiones que atravesó la sociedad argentina en el período analizado. El documento del Banco Mundial señala que tantos años con falta de crecimiento no se registró, al menos hasta ahora, en ningún otro país del mundo, excepto la República Democrática del Congo, que tuvo el año pasado una tasa de inflación anual de un 50 por ciento y en estos días sufre, además de altos niveles de pobreza, el peligroso avance de una epidemia de ébola.
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Respecto a la situación de los últimos años en la Argentina, el Banco Mundial observa en su informe que “los constantes desequilibrios macroeconómicos con un déficit primario del 4,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2017 y una inflación del 24,8% a fines de abril de 2017 combinados con grandes necesidades de financiamiento externo, hicieron que Argentina se volviese vulnerable a las turbulencias en los mercados emergentes que se registraron a fines de abril, lo que llevó a una fuerte depreciación del peso y un aumento del riesgo país”.
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Frente a este complicado escenario, destaca la necesidad de trabajar en cuatro áreas para lograr un crecimiento sostenible que permita reducir la pobreza y generar prosperidad para los argentinos: una macroeconomía estable y equidad fiscal; apertura comercial; inclusión social basada en empleos de calidad, y protección del medio ambiente. Por otro lado, aconseja avanzar con una reducción de los impuestos distorsivos y con una ampliación de la base tributaria, para lo cual ‘es necesario definir responsabilidades en materia de gastos entre los diferentes niveles de gobierno y un sólido sistema de transferencias fiscales intergubernamentales para garantizar la provisión eficaz y equitativa de servicios públicos, así como mejores incentivos para la recaudación subnacional de ingresos’.
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Otra de las conclusiones a las que llega el informe del Banco Mundial advierte que las recesiones en la Argentina no sólo se producen con frecuencia, sino que, además, son profundas. En ese sentido, el documento señala que en un ciclo de recesión el Producto Bruto Interno del país se contrae, en promedio, un 3,5 por ciento de crecimiento. Y agrega: el crecimiento económico promedio de largo plazo de Argentina ha sido de tan solo 2,7 por ciento y se sitúa por debajo de los niveles que presentan los países de la región del 3,7 por ciento, los nuevos países de ingresos altos que registran un 3,9 por ciento y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que tienen un 3,2 por ciento.
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