Nadalich defendió el cobro al transporte de carga y pasajeros que ingresa a la ciudad y aseguró que "no afecta a los vecinos capitalinos"

El jefe de Gabinete Mauricio Nadalich intentó bajar la tensión tras el inicio del cobro de una "contribución" municipal a camiones y colectivos de larga distancia que ingresan a la ciudad. Según explicó, la medida "no es nueva", sino que forma parte del Código Tributario aprobado en 2017 y modificado en 2020, aunque recién ahora el Ejecutivo decidió hacerla efectiva.

"Es una contribución destinada al mantenimiento de la infraestructura vial y al ordenamiento del tránsito", dijo Nadalich, quien defendió la iniciativa afirmando que solo alcanza a vehículos de más de 3.500 kilos que no tributan en la ciudad, como los de empresas foráneas o de otras jurisdicciones. "Los vehículos radicados en Formosa no pagan nada; esto busca más equidad", aseguró.

El funcionario justificó que los puestos de control instalados sobre la Ruta Nacional 11 actúan dentro del "ejido urbano", aunque admitió que el cobro lo realizan inspectores municipales en accesos bajo jurisdicción nacional. "Cuando los vehículos ingresan al eje urbano ya hacen uso de la red vial de la ciudad, del alumbrado, del mantenimiento… por eso corresponde que contribuyan", explicó, pese a que el argumento contradice lo dispuesto por la Constitución Nacional respecto de las rutas nacionales.

En otro tramo de la entrevista, Nadalich reconoció que la recaudación es una prioridad del Ejecutivo y que la medida forma parte de una estrategia para "contar con recursos". "Con discursos no se solucionan los problemas, hay que tener fondos para hacer obras", sostuvo, dejando en claro que la intención municipal es fortalecer la caja tras la caída de ingresos por coparticipación.

La aplicación de esta "tasa" provocó embotellamientos y demoras en los accesos a la ciudad, según denunciaron automovilistas y vecinos. Nadalich reconoció el problema y admitió que "alguna complicación se va a generar", aunque prometió "ajustar el sistema".

En medio de la controversia, la oposición insiste en que el cobro es inconstitucional y regresivo, mientras el Municipio insiste en defenderlo como una "contribución equitativa". Lo cierto es que, más allá del tecnicismo, la medida volvió a poner en debate la presión fiscal local y el uso de los recursos públicos en una ciudad donde el mal estado de las calles sigue siendo una deuda pendiente.